Apunte 6.3 : La propiedad intelectual como mecanismo de expropiación del conocimiento ancestral.
Por: Félix Rincón.
La agricultura de manera industrial se desarrolla a pasos agigantados de la mano de los avances tecnológicos, pero dichos avances suelen sólo beneficiar a cultivos específicos que les generan muchos más ingresos a algunas minorías. También puede darse que dichas minorías se beneficien económicamente de alguna producción sin necesidad de grandes inversiones en maquinaria, lo cual genera más lucro. Un ejemplo claro de ello es el cultivo del cacao, todo el proceso de siembra, fumigación, recolección de la cosecha, e incluso el transporte de la misma, es totalmente rudimentario. Son cultivos en los que el paso del tiempo y los avances tecnológicos no se han percibido. Todo esto se da porque en las regiones donde se cultiva se mantienen, premeditadamente, altos niveles de pobreza, lo que genera mano de obra barata.
Pero existen otros cultivos en los que, por sus ubicaciones geográficas y el tipo de población, sí requieren una mayor inversión en tecnología que les generen más lucro y apaciguamiento de los trabajadores. Son cultivos a los cuales se les ha inyectado una gran inversión económica en investigación e infraestructura, inversión que debe retornar, y por ello se realiza todo un despliegue mediático y propagandístico alrededor de dichas producciones. Cultivos como el maíz, la canola, la soya, el algodón, la palma de aceite, y la caña de azúcar, por nombrar unos pocos, son algunos donde se han enfocado algunas multinacionales que modifican genéticamente las semillas, y son ellas mismas quienes producen los agroquímicos y fertilizantes que se deben usar en esos cultivos. Para garantizar el retorno de la inversión hacen alianzas económicas entre países, que al firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) se ven obligados a aceptar cláusulas donde se comprometen a usar las semillas de dichas multinacionales por periodos mínimos de 20 años, pactos hechos en alianza con la Unión Internacional para la Obtención de Productos Vegetales (UPOV).
Colombia ante la inminente firma del TLC con Estados Unidos en el 2011 (implementado en el 2012), y obligado a cumplir el pacto anteriormente explicado con la UPOV, implementa la Resolución 970, más conocida como la Ley de Semillas en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se encarga de la regulación y control de semillas en el territorio nacional
RESOLUCIÓN 970 DE 2010 publicada en el Diario Oficial No. 47.648 de 11 de marzo de 2010. Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones. (ICA, 2010)
Pero esto va mucho más allá de una mera regulación y control de semillas, es un monopolio transnacional que insta a los gobiernos locales a criminalizar al campesino y su semilla nativa, aniquilando la cultura, la soberanía e independencia alimentaria de nuestros pueblos.
Lo que realmente se puede apreciar es que “Los tratados de libre comercio tienen puesta su atención en estos aspectos: cómo permitir o seguir permitiendo, con todas las herramientas legales, que algunas empresas se conviertan en las propietarias de la naturaleza y del conocimiento tradicional” (Pérez, 2007, p. 149). Estos son dos aspectos de suma importancia porque son los dos componentes, el tangible y el intangible, que conforman la definición de recurso genético para la Comunidad Andina de Naciones:
Recurso genético es todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial. Presenta dos componentes separables: el componente tangible que es el recurso biológico, es decir, la planta o el animal; y el componente intangible, que es el conocimiento asociado al recurso. (Pérez, 2007, p. 164).
Valiéndose de esta definición, las transnacionales quieren apropiarse de los recursos al hacer modificaciones genéticas; dicen hacer sólo uso de lo tangible del recurso y dejar intacto lo intangible, que viene siendo el conocimiento ancestral que las comunidades nativas tienen de las plantas. Se apropian por vía legal del recurso tangible al negociar directamente con cada nación, pero presionan de manera indirecta e ilegal a las comunidades indígenas para que entreguen lo intangible, el conocimiento.
La agroindustria va íntimamente ligada a la industria farmacéutica, es por ello que el interés llega hasta las selvas, a través de los monocultivos mejorados, que corren la frontera agrícola para presionar a comunidades indígenas a dar el conocimiento tradicional de plantas medicinales; aquel conocimiento tradicional que llamaron brujería, que satanizaron, ahora quieren usurparlo. Denigraron del conocimiento tradicional de comunidades indígenas, a través de la subvaloración, para apropiarse intelectualmente de dicho conocimiento mediante patentes, puesto que eso les reduce tiempo de investigación, es decir, “Las empresas farmacéuticas pueden disminuir significativamente el tiempo y el costo para obtener un nuevo medicamento a partir de plantas medicinales si al recolectar la planta también recogen el conocimiento tradicional que poseen las comunidades indígenas y locales” (Pérez, 2007, p. 155). Las transnacionales transformaron la medicina ancestral, que es un cúmulo de experiencias culturales y populares milenarias, de dominio común, en dominio privado, particular, perdiendo, de esta manera, el carácter de renovación y actualización constante. Queda claro el deseo de poseer, de dominar a través de la acumulación de conocimiento y el posterior sometimiento económico. El conocimiento ancestral de las comunidades indígenas deja de ser de propiedad común inmaterial y pasa a ser de propiedad particular tangible mediante leyes de propiedad intelectual.
Entre los beneficios que se presentan por la implementación de cultivos GM (Modificación Genética) es la reducción de costos para el campesino
La tecnología de tolerancia a herbicidas proporciona a los agricultores un sistema alternativo que efectivamente controla un espectro amplio de malezas, incluyendo aquellas de difícil control. La tecnología reduce la cantidad de herbicida necesaria para el control de malezas, maximiza la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas de las variedades GM y reduce el consumo de recursos agrícolas en el campo. (Chaparro, 2011, p. 242)
Si bien es cierto que la transgénesis permite esto, hay que decir también que se genera otro gasto adicional y es la implementación de insecticidas porque, como ya se dijo, estos herbicidas a base de glifosato interfieren en el proceso químico de la planta para producir su propia defensa; también hay que decir que, si se maximiza el ahorro del agua, hay que recalcar que los recursos hídricos subterráneos se contaminan, así sea en pocas cantidades, a través del proceso de lixiviación.
Otro beneficio, y tal vez el que más impulsa mediáticamente la agroindustria, es la ganancia económica que deja
La aplicación de la tecnología GM en agricultura reportó beneficios económicos netos por el valor de 9,4 mil millones de dólares en 2008 […] El aumento de ingresos agrícolas en el 2008 fue equivalente a añadir el 3,65% al valor total de la producción mundial de los cuatro cultivos principales transgénicos de soya, maíz, canola y algodón. (Chaparro, 2011, p. 250)
El dilema de estas cifras es que los pequeños productores son los que menos se benefician de todo este andamiaje económico, pues son ellos quienes deben someterse a deudas hipotecarias para poder comprar semillas y agroquímicos específicos, y posteriormente sacar a la venta el producto, producto que es volátil para los pequeños productores, pero que es fijo para los macro productores. Incluso, las transnacionales tienen beneficios tributarios y subsidios por parte de gobiernos locales. El pequeño productor arriesga el patrimonio de toda su vida para obtener una cosecha que puede perder por el cambio climático o por la especulación del mercado, ambas producto del sistema económico y agroindustrial imperante.
En cuanto a los biocombustibles, que como ya se dijo son patentes de segundo uso, van destinados a la extensión indefinida de rentas económicas a las empresas que obtienen la patente. Dichos productos se presentan como la salvación económica para los campesinos, pero en realidad no es así, pues un campesino con una o dos hectáreas de tierra no puede obtener mucha ganancia en un cultivo, como el de la palma de aceite para obtener biodiesel, la cual tarda de 20 a 30 años en alcanzar su pico productivo; y ni qué decir de la caña de azúcar que el precio por tonelada, para producir etanol, es irrisorio. Ante estas condiciones los campesinos con poca tierra sucumben ante la presión de empresas que acaparan tierras, en el mejor de los casos, a bajos precios para ir formando vastas extensiones de tierras para la implementación de monocultivos.
El problema es que el biodiesel, en el caso colombiano, no es rentable desde ningún punto de vista. Desde lo económico es una pérdida rotunda para toda la sociedad por los subsidios que se le suministran a dichos cultivos, además de la exención del pago de impuestos a la compra de maquinaria destinada a la producción de biocombustibles
Lo cierto es que mientras en Brasil producir un galón de etanol de caña de azúcar cuesta 83 centavos de dólar, en Colombia cuesta 1,25 dólares, un precio claramente no competitivo en el mercado. Para resolver el problema de la ausencia de mercado para una mercancía más costosa que el petróleo, el gobierno actual ha expedido una norma que obliga a combinar la gasolina con el etanol proveniente de la caña de azúcar con el pretexto de proteger el medioambiente y con ello obligar a los consumidores del mercado interno a comprarlo; el resultado es que consumimos a altos precios el etanol subsidiado y exportamos a más bajo precio el petróleo nacional. (Pérez, 2007, p. 53).
Y desde lo social y ambiental es un desastre total, pues los biocombustibles son un producto económico destinado al corto plazo, mientras que al mediano y largo plazo está destinado a fracasar, por tanto, la descomposición del tejido social por desplazamientos forzados para la obtención de tierras quedará siempre allí, aunque la bonanza de los biocombustibles claudique. El desvío de aguas, al igual que la destrucción de la biodiversidad de fauna y flora por los agroquímicos, para lograr el monocultivo, prevalecerán y tardarán muchos años en recomponerse.
Bibliografía:
Chaparro, A. (2011). Cultivos transgénicos: Entre los riesgos biológicos y los beneficios ambientales y económicos. Acta biológica colombiana. Vol. 16 (3), 231-251.
Pérez, O. (2007). TLC y pueblos indígenas: entre el saqueo y la resistencia. Bogotá, D. C., Colombia: Colección Autonomía Indígena.
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por comentar :)